Reseña

Sebastian.jpeg

Sebastián M. Hernández del Valle

Universidad Carlos Albizu

Carta de Derechos de las personas LGBTTIQ+

     La promulgación de los derechos humanos se diseñó como vehículo hacia la valoración de todas las personas, sin excepciones. Toda la ciudadanía merece que sus derechos inalienables sean respetados y garantizados. Sin embargo, altos niveles de violencia, discrimen, acoso y desigualdad hacia las personas de la comunidad LGBTTIQ+ resaltan la incongruencia existente con relación a estos derechos fundamentales. Como si fuera poco, esta población no se privilegia de un trato equitativo por parte de las agencias e instituciones gubernamentales. Por esto, en mi opinión, la creación de la “Carta de Derechos de las personas LGBTTIQ+” (Rivera-Lassén & Bernabe Riefkohl, 2021)  se posiciona como uno de los reclamos humanitarios de mayor impacto en nuestro contexto sociocultural en décadas recientes.

     El proyecto del Senado Núm. 485, presentado por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl (2021), fue sometido ante la Asamblea Legislativa del Senado de Puerto Rico el pasado 30 de junio de 2021. Este proyecto de ley busca establecer la “Carta de Derechos de las personas LGBTTIQ+”; determinar sus derechos y protecciones; y precisar las responsabilidades y deberes que tienen las agencias del Estado, y el sector privado, con relación a los derechos humanos de las personas LGBTTIQ+. En su Exposición de Motivos se nos ofrece una cita de Marta Lamas (1996): “Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad, requiere la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo” (p. 216). A este tenor, gozamos de este ejercicio constitucional que persigue un objetivo trascendental: eliminar el trato discriminatorio contra las personas LGBTTIQ+ en Puerto Rico. No obstante, el gran interés en defender los derechos de este sector socialmente marginado surge a consecuencia de monumentales formas de violencia, estigma y discriminación.

     En una mirada universal, este proyecto de ley comienza reseñando cómo los distintos tipos de violencia, como la homofobia, transfobia, discriminación, etc., limitan la participación social, el acceso a servicios sociales y de salud e impiden el desarrollo económico de esta población. Asimismo, recuenta los abusos que han sido consumados por motivos de orientación sexual e identidad de género mundialmente. Aquí se incluyen torturas, asesinatos y ejecuciones, detenciones avaladas por leyes nocivas, abusos médicos, discriminación en las esferas de salud, empleo y vivienda, entre otros. Igualmente, puntualiza la respuesta internacional hacia el reclamo de los derechos de las personas LGBTTIQ+ ante un panorama tan penumbroso. Un ejemplo descrito en la Carta es la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2011), con respecto a la finalización de los actos de violencia y quebrantamiento de los derechos humanos basados en discrimen por orientación sexual e identidad de género. Declaraciones como esta, y muchas más, validan ante el lente público el trato inadmisible que ha recibido esta población alrededor del mundo. 

     Más específico a nuestro contexto, se mencionan los avances que nuestra Asamblea Legislativa ha impulsado para promover la diversidad, aceptación y ampliación de los derechos de las personas LGBTTIQ+. Por ejemplo, la Ley Núm. 22-2013, que establece que no se discriminará por orientación sexual e identidad de género en el empleo y la Ley Núm. 23-2013, que extendió las protecciones a las parejas del mismo sexo y sus diversidades, de los procesos de la Ley Núm. 54. Entre la rama Legislativa y la Ejecutiva se han promovido reglamentaciones y órdenes ejecutivas que buscan velar por sus derechos. Sin embargo, se señalan las actuaciones homofóbicas y transfóbicas, combinadas con la falta de protección legal, como un serio agravante. Por ende, se instituyó este proyecto con la aspiración de proveer ese resguardo legal ante el clima social tóxico que impacta el bienestar de esta población. 

     Finalmente, se detallan los derechos de las personas LGBTTIQ+ que forman parte de este proyecto de ley, y los deberes del Estado y el sector privado con relación a estos. Se argumenta que este sector tiene derecho de gozar de una vida plena sin miedo a sufrir discrimen, a tener seguridad de empleo, a igualdad de condiciones sociales y económicas, y de recibir servicios públicos y privados sin discriminación. Además, sostiene sus derechos a la educación sin discriminación, al libre acceso a facilidades, a la salud sexual y reproductiva, a vivir una vida libre de violencia, a formar una familia, al acceso a la justicia, entre otros. Las implicaciones a corto y largo plazo de este proyecto son significativas; traza un legado que informará atemperadamente la política pública, la educación, la justicia y la convivencia social. Con esto, celebraremos el principio del fin de la violencia hacia personas cuya autenticidad y libertad ha sido coartada inhumanamente hasta el día de hoy. 

 

 

 

 

 

Referencias 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2011). Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual o su identidad de género, Documento ONU A/HRC/19/41 https://www.ohchr.org/documents/issues/discrimination/a.hrc.19.41_spanish.pdf

Lamas, M. (1996). La perspectiva de género. Hablemos de sexualidad (p. 216-229). CONAPO, Mexfam (3ra ed.). http://www.obela.org/system/files/La%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20-%20Marta%20Lamas.pdf  

Rivera Lassén, A.., & Bernabe Riefkohl, R. (30 de julio, 2021). P. del S. 485. Para establecer la “Carta de Derechos de las personas LGBTTIQ+”; disponer sobre sus derechos y protecciones ante la sociedad; y definir las obligaciones y responsabilidades de las agencias del Estado, y el sector privado, respecto a los derechos humanos que cobijan a las personas LGBTTIQ+. https://www.senado.pr.gov/Legislations/ps0485-21.pdf