Artículos

Alberto J. Valentín

Consejo Asesor de la Gobernadora en Asuntos LGBTT

Gobierno de Puerto Rico

Nuevas Políticas Públicas de Salud para la comunidad LGBT+ en Puerto Rico

     El Consejo Asesor de la Gobernadora en Asuntos LGBTT fue creado en virtud de la Orden Ejecutiva Núm. 37 de 2017. Esta Orden Ejecutiva estableció como política pública del Gobierno de Puerto Rico la prohibición del discrimen por orientación sexual e identidad de género, otorgándole a este Consejo los poderes necesarios para implementar la plataforma de gobierno que iba dirigida a garantizar más derechos y mejorar la calidad de vida de la comunidad LGBTTQIA en Puerto Rico. Con el fin de poder tener un panorama mucho más claro de cuáles eran las necesidades más apremiantes de la comunidad y determinar sus inquietudes, decidimos realizar cinco (5) asambleas comunitarias alrededor de toda la Isla. Estas asambleas se realizaron en varios recintos universitarios de la Universidad de Puerto Rico. En estas asambleas recogimos el insumo y preocupaciones de organizaciones LGBTT de las diferentes regiones de Puerto Rico. Gracias a estas asambleas pudimos recoger varias ideas que insertamos dentro de varias de las políticas públicas vigentes.

 

     De las primeras iniciativas que logramos fue abrir los primeros baños inclusivos en la UPR de Humacao e iniciar las conversaciones para la construcción de estos en la UPR de Arecibo y Mayagüez. La apertura de estos baños, al igual que en el Recinto de Río Piedras y la Escuela de Derecho, permitieron la apertura en la discusión del tema y que se ofrecieran talleres de orientación al personal docente de las universidades. Como parte de los trabajos iniciales del Consejo comenzamos con el tema de la salud junto a la colaboración de agencias y dependencias del gobierno central, entidades privadas y organizaciones sin fines de lucro. Gracias a esta colaboración, creamos la Primera Alianza por la Salud LGBTT en Puerto Rico, que se reúne una vez al mes en el Colegio de Médicos de Puerto Rico. Esta Alianza dio paso a la primera Orden Administrativa (2017-02) de ASMCA, que establece como Política Pública la no discriminación contra pacientes LGBTTQIA en los servicios de tratamiento de salud mental y sustancias controladas. La Alianza por la Salud continuó sus trabajos, con el fin de mejorar el lenguaje de las próximas políticas públicas que fuesen aprobarse. En esta misma línea, logramos aprobar la primera política pública del Departamento de Salud de Puerto Rico, Orden Administrativa 398 del 2018, que extendió la prohibición del discrimen por orientación sexual e identidad de género, a expresión de género y discrimen real o percibido. Además, somos de las pocas jurisdicciones en Estados Unidos que se han movido a adoptar la expresión de género y el discrimen real o percibido dentro de sus políticas públicas.

 

     La expresión de género se refiere a la manera en la que una la persona expresa o manifiesta su identidad de género. De igual forma, se pudo insertar el discrimen “percibido” que permite atender aquellos casos en los cuales se discrimina de forman indirecta o se utilizan expresiones, comentarios o epítetos en contra de un miembro de la comunidad que pretende recibir un servicio de salud. Esta Orden Administrativa, de igual forma, logró que de manera compulsoria todos los profesionales de salud en Puerto Rico tengan que tomar 2 horas de educación continua en temas de competencia cultural. La competencia cultural es la ccapacidad de comprender, interactuar y colaborar bien con gente de culturas diferentes. Con respecto a la salud, la competencia cultural tiene la finalidad de asegurarse que la calidad de la atención médica sea igual para los distintos grupos culturales. Esta educación en competencia cultural fue extendida al Registro Demográfico de Puerto Rico, donde todo su personal recibió talleres con el fin de capacitarlos a la hora de atender constituyentes que fuesen a realizar reasignaciones de sexo en sus certificados de nacimiento. De igual forma, desarrollamos y aprobamos unas guías permanentes (Guías para Incorporar los Requisitos Mínimos de Educación y Adiestramiento sobre Sensibilidad y Competencia Cultural en el Servicios a la Población LGBTTQIA del Registro Demográfico) dentro del Registro que sirven de manual para saber cómo afrontar cualquier situación relacionada a la hora de atender personas de la comunidad LGBTTQIA, en especial, la comunidad TRANS. Estas guías surgieron como respuesta directa a conversatorios que tuvimos en la Procuraduría del Paciente con personas de la comunidad TRANS. De igual forma, continuamos los trabajos para que no solo en San Juan, sino en todas las oficinas regionales del Registro, pudiesen inscribirse bebés de parejas del mismo sexo. Para lo anterior, los directores regionales recibieron adiestramientos y los formularios fueron cambiados, con el fin de que las parejas del mismo sexo tuviesen el mismo acceso y derechos que cualquier pareja heterosexual.

 

     Recientemente, tras una solicitud de este servidor, la Oficina de Administración y Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), mediante opinión pública firmada por su directora, la Lcda. Sandra Torres, pudimos extender el beneficio de licencias de paternidad y maternidad a parejas del mismo sexo dentro del gobierno. A pesar de que las leyes aún no se encuentran atemperadas a la realidad jurídica existente, esta opinión legal concluida en virtud de la equidad, permite ahora que las parejas del mismo sexo que quieran adoptar o tener un bebé, tengan los mismos derechos y privilegios que cualquier pareja heterosexual. Actualmente en Puerto Rico, según nuestro derecho vigente, las parejas no casadas del mismo sexo no pueden registrar a sus bebés en el Registro Demográfico, específicamente la pareja del padre o la madre gestante o biológico(a). Lo anterior, no sucede con parejas no casadas heterosexuales. Cualquier pareja heterosexual, no casada, que quiera inscribir a su bebé en el Registro Demográfico puede hacerlo voluntariamente, sin tener que recurrir a la vía judicial dentro del proceso de adopción. Lo anterior se da sin la necesidad de demostrar la paternidad del padre registrante. Con el fin de atender esta inequidad en el sistema y reconocer la diversidad de los diferentes procesos de reproducción asistida en nuestra sociedad contemporánea al momento de inscribir a un bebé, creamos un grupo de trabajo (“task-force”) entre el Registro Demográfico, el Departamento de Salud, la Comisión de Derechos Civiles y expertos en el tema de reproducción. Lo anterior, nos permitirá ser una de las primeras jurisdicciones en lograr que la pareja no gestante o biológica, en una relación del mismo sexo no casada, pueda registrar al/lahijo(a) de su pareja sin tener que recurrir al proceso de adopción. Debemos de reconocer que existe una gran variedad de procesos de reproducción asistida en la actualidad, que dificultan la forma legal y correcta de poder demostrar ante el registro la maternidad o paternidad, por lo que estamos trabajando sobre eso. Próximamente cualquier pareja no casada podrá registrar a su bebé sin tener que pasar por el proceso de adopción.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La Salud ha sido una de nuestras mayores prioridades en el Consejo, es por eso por lo que de igual forma aprobamos la primera orden administrativa en contra del discrimen por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, real o percibida, en la Administración de Seguros de Salud DE Puerto Rico (ASES). La Orden Administrativa 19-0305 estableció que todas las organizaciones de seguros de salud, aseguradoras y proveedores de servicios del Plan Vital (Plan de Salud del Gobierno), Medicare Platino y Planes de Salud de los empleados públicos y retirados, que hayan suscrito o suscriban un contrato con ASES deberán de cumplir con esta normativa antidiscrimen. Como parte de esta iniciativa, y la colaboración de la Alianza por la Salud, y el Colegio de Médicos de Puerto Rico, pudimos orientar a una gran variedad de aseguradoras privadas sobre el cumplimiento de esta carta. Esta Carta Normativa establece que estos proveedores de salud deberán usar un modificador de reclamaciones que elimine la restricción por razón de sexo, en los servicios que lo requieran y proveer, entre otras cosas, a todo el personal, educación y adiestramiento sobre sensibilidad y competencia cultural en el servicio a la población LGBTTQIA, adaptado a las tareas inherentes al puesto. La eliminación de la restricción por sexo permitirá que, por ejemplo, un hombre trans, que va a recibir un servicio ginecológico, que al momento de que se someta la factura por los servicios prestados, no haya una devolución o reclamación por concepto de la identidad de género del paciente que recibió el servicio. Estos modificadores permitirán que nuestra comunidad trans puedan recibir sus servicios sin ningún problema posterior y la clase médica no tenga que pasar por el proceso de tener que confirmar la identidad biológica de sus pacientes.

 

     Nos encontramos en la actualidad en la segunda fase de la Carta Normativa de ASES, con el fin de poder extender y ampliar los servicios de salud que son cubiertos por el plan de salud del gobierno. Tras varios meses trabajando con varios profesionales de salud y ASES, hemos podido recopilar la información médica necesaria y opiniones clínicas que permitan realizar los informes actuariales necesarios para poder lograr una atención de este asunto. De continuar con estos esfuerzos, podremos, en primer plano, eliminar ciertas restricciones sobre medicamentos que solo se pueden utilizar para condiciones específicas, y lograr que la cubierta sobre los mismos pueda extenderse y ampliarse hacia otros tratamientos, como lo son los procesos de transición de las personas trans.  

 

     Con el fin de continuar los esfuerzos por adiestrar y capacitar a todo el personal del gobierno, en temas de competencia cultura, de igual forma comenzamos un esfuerzo con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, con el fin de capacitar a todo el personal del sistema de educación pública, con especial énfasis al personal docente. Estas orientaciones se han dado en todas las regiones educativas de Puerto Rico, en las cuales se ha capacitado a todo el personal con respecto a las políticas públicas existentes a favor de la comunidad LGBTTQIA dentro del sistema de educación pública. Dentro de las nuevas políticas públicas del Departamento de Educación se encuentra la Política Pública B-205 (Ley 246-2016), sobre trato igualitario a estudiantes TRANS y discrimen por orientación sexual e identidad de género y su receptividad por parte de maestros/as y directores/as de escuela. Al momento, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación ha impactado a más de 13 escuelas. Esta educación y talleres pretende seguir ofreciéndose en todas las escuelas de Puerto Rico, con el fin de seguir capacitando al personal docente.

 

     El Consejo Asesor ha continuado su labor de implementación y ejecución de políticas públicas por los pasados dos años y medio, y una de nuestros mayores logros ha sido la implementación del Taller Uniforme de Ley 22-2013 y nuestro Taller de Equidad y Diversidad: En el Empleo Público y Privado. La Ley 22 prohíbe el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo, y establece que toda entidad pública, municipios y el sector privado debe de poseer un protocolo para su cumplimiento. Tras una investigación realizada por OATRH, nos percatamos que este protocolo no existía en la gran mayoría de agencias del gobierno y municipios. Por lo anterior, nos dimos a la tarea de crear un protocolo uniforme para todas las agencias del gobierno y municipios. Esto permitió que dicho protocolo fuese extendido a la expresión de género y atemperado a las realidades más recientes de las organizaciones mundiales que protegen los derechos humanos. Ahora, todas las agencias y municipios cuentan con el mismo protocolo uniforme, sin necesidad de que cada una de estas entidades públicas tuviese que redactar y adoptar uno. Junto con este Protocolo, establecimos como requisito, que todo el personal de todas las agencias del gobierno y municipios tengan que coger el taller de equidad y diversidad. Gracias al esfuerzo del Consejo y la Oficina de Ética Gubernamental, logramos que este Taller contase como 3.5 horas de ética gubernamental compulsoria. Este taller de capacitación y educación, adiestrará a más de 200,000 empleados públicos. Actualmente nos encontramos en la segunda fase de este proyecto, con el fin de que el Departamento del Trabajo (DTRH) adopte este taller, y establezca que el mismo sea requisito tomarlo por las empresas privadas, al momento de renovar sus documentos ante el Departamento, o recibir algún tipo de incentivo.  

 

     Existe una gran variedad de iniciativas y políticas públicas aprobadas a favor de la comunidad LGBTTQIA, que hemos ido alcanzado durante estos dos años, desde la creación del Consejo Asesor LGBTT. Entre estas la Primera Política Pública del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, que impacta a todas las agencias y dependencias del gobierno relacionadas a la seguridad (Sistema de Emergencias 911, Bomberos, Policía de Puerto Rico, etc.) y la Política Pública del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que en este momento acaba de establecer los primeros talleres de capacitación para oficiales correccionales, con el fin de adiestrarlos en el tema de competencia cultural, específicamente al momento de atender a la población correccional que se identifica con la comunidad trans.

 

     Agradezco la oportunidad que me brinda el Comité de la Diversidad de Sexo, Género y Orientación Sexual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, por permitirme exponer algunos de los logros alcanzados por el Consejo Asesor de la Gobernadora en Asuntos LGBTT desde el 2017. Uno de nuestros mayores enfoques ha sido la salud de nuestra comunidad LGBTTQIA, y es por eso que una gran parte de nuestros logros se han dado en este ámbito. Es necesario que nuestra comunidad se siga insertando en los diferentes sectores de nuestra sociedad, y que representen voces de cambio a favor de nuestra comunidad LGBTTQIA. Todo esfuerzo, toda lucha, desde cualquier lugar, dentro y fuera, es necesario para que podamos seguir adelantando más derechos y sigamos mejorando la calidad de vida de nuestra sociedad. El Gobierno, dentro de sus instituciones y dependencias, son los mayores proveedores de servicio en Puerto Rico y es crucial que políticas públicas como las que hemos aprobado se sigan implementando, para que no solo beneficie a nuestra comunidad de forma directa, sino que podamos seguir dándole la visibilidad necesaria dentro de nuestra sociedad.

Foto por: NotiUno

Caleb Esteban, Ph.D.

Editor

Margarita Francia, Ph.D.

Co-Editora

 Comité de la Diversidad de Sexo, Género y Orientación Sexual

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