Elvin Omar Alvarado Cardona, MPA

Escuela Graduada De Administración Pública

Facultad De Ciencias Sociales

Universidad De Puerto Rico

Recinto De Río Piedras

Análisis de Política Pública: Discrimen Institucional hacia la Comunidad LGBTTIQ en Puerto Rico

     Entrados en la era posmoderna, que ha sido el siglo XXI, mucho se ha discutido sobre políticas progresivas, de avanzada, a favor de otorgar derechos a las comunidades antes invisibilizadas. Se invierte mucho tiempo en el análisis de políticas públicas; cómo desarrollarlas, gestionarlas, aplicarlas y evaluarlas, con tal de proveer mayores derechos a la ciudadanía. Sin embargo, alrededor del mundo, aún quedan grupos que no se encuentran equitativos dentro de sus estados. En virtud a derechos y legitimidad, su condición es desfavorable en comparación a otros grupos sociales. Ese caso se referencia en las Comunidades LGBTTIQ (Comunidad) a nivel mundial.

     La historia de las reivindicaciones de este colectivo, hasta su entendimiento y conformación como minoría, ha permitido reconocerlo como una comunidad de especial protección, y su lucha contra la exclusión como una de las causas de indispensable atención en la actualidad (Vargas, 2013). Está particular atención que se le ha prestado a la Comunidad en los últimos años, se arraiga en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ratificada por la ONU en 1948. Con el pasar de los años, y la elaboración de nuevos tratados sobre derechos humanos, se dio paso a que estas disposiciones fuesen sujeciones de ley internacionalmente.

 

     Ampliando este paradigma, vemos que varios movimientos internacionales antepusieron en sus agendas la lucha LGBTTIQ. Así, en eventos celebrados por la Comunidad nace la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos LGBT. Esta fue celebrada en julio 2006, en Montreal, Canadá, y dentro de ese espacio se realizó la Declaración sobre los Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Trans). Para este mismo año meses más tarde, se publican los Principios de Yogyakarta: un grupo de expertos en derecho internacional procedentes de 25 países, convocados por la ONU en Yogyakarta, Indonesia, crearon un documento sobre la Aplicación de Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género. Es una guía detallada puntualizada en 29 principios, sobre cómo los Estados pueden aplicar derechos y normas relativas a la Comunidad LGBTTIQ.

 

     Estos precedentes crearon espacios de discusión entre los círculos nacionales sobre derechos humanos. Así se referencia en asambleas de las Organización Mundial de las Naciones Unidas, donde por ejemplo en diciembre de 2008, se presenta una promoción y protección de los derechos para intervenir en derechos humanos sobre orientación sexual e identidad de género. Este tipo de referente dio paso a la aprobación en junio de 2011, de la resolución 17/19, la primera de las Naciones Unidas relativa a derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. Su aprobación abrió el camino para crear el Primer Informe Oficial de las Naciones Unidas sobre este tema, publicado en 2012. Este informe contiene pruebas sobre la violencia institucional por cuestiones de orientación sexual e identidad de género en el trabajo, la salud, la educación, agresiones físicas y asesinatos. 

 

     Ante el desarrollo histórico y el contexto internacional se desarrolla este ejercicio de análisis, dando espacio para evaluar políticas públicas desarrolladas por el gobierno de Puerto Rico durante los años 2013-2018, que vinculan directamente derechos hacia la Comunidad. Dentro del análisis propuesto, se comenzó evaluando dos leyes que vinculan directamente a la Comunidad. En primera instancia, Ley Núm. 22 de 2013, para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por Orientación Sexual o Identidad de Género en el Empleo, Público o Privado. El precepto establece un nuevo precedente en Puerto Rico, donde se valida el mandato constitucional que garantiza la dignidad humana y la igual protección de las leyes a todos los ciudadanos en el empleo. Esta ley ordena a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones públicas, municipios, y Rama Legislativa, a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente esta Política Pública. Por otra parte, la Ley 23 de 2013 para enmendar Artículos de la Ley Núm. 54 del 1989, Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, a fin de brindar la protección que esta ofrece a todas las personas sin importar estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio.

 

     Durante los pasados seis años (2013-2018) analizados en esta investigación, mucha de la política pública a favor de la Comunidad, ha sido ratificada bajo órdenes ejecutivas. La primera orden ejecutiva (OE) firmada por el exgobernador García Padilla, para honrar derechos a la Comunidad fue la 2015-021, del 26 de junio del 2015. Esta orden particularmente se suscita luego que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el 26 de junio del 2015, el caso Obergefell v. Hogdes, No.14-556. En este caso se establece que los estados tienen que reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues lo contrario viola el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes que garantiza la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal.

 

     Esta orden ejecutiva y sus motivos fue el precedente para continuar durante el cuatrienio 2012-2016, con políticas LGBTTIQ. Bajo este contexto se firma, la OE-2015-028, que ordena a la Secretaria de Salud tomar medidas necesarias para auditar y fiscalizar el cumplimiento de las instituciones médicohospitalarias, de forma que dichas instituciones no discriminen contra un paciente transexual o transgénero que acuda a sus instalaciones para recibir atención en una emergencia médica u otros fines. Otra política pública que vincula a la Comunidad Trans directamente, es la OE-2015-029, donde el Gobernador García Padilla ordena al Secretario de Transportación y Obras Públicas permitir regular el proceso para hacer el cambio de género en las licencias de conducir. La próxima promulgación de García Padilla a favor de la Comunidad, se establece el 27 de octubre de 2016, OE-2016-041. En la misma se ordena al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que, a través de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (PR OSHA), oriente a las agencias y entidades de la rama ejecutiva y patronos(as) privados(as) sobre la Guía para Acceso a Baños para Empleados Transgénero y Transexuales en Puerto Rico.

 

     La próxima Orden Ejecutiva se firma bajo la pasada administración Rosselló Nevares, OE-2017-037. La misma tuvo el fin de crear un Consejo Asesor en Asuntos LGBTT, adscrita a la Oficina del Gobernador, quien se encargará de promover e implementar iniciativas contenidas en el programa de gobierno dirigidas a atender las necesidades de estas comunidades. El Consejo Asesor ha desarrollado un Plan Estratégico, promulgando dentro de su agenda un panorama de órdenes administrativas (OA) interagenciales. A causa de, se firma la OA-2017-02 de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), para establecer la política pública de no discrimen contra un paciente lesbiana, gay, bisexual, transexual o transgénero en los servicios de tratamientos de salud mental y de sustancias. De igual forma, para el 2018 se firma la OA-390 del Departamento de Salud, donde el Registro Demográfico, es capacitado para registrar a todo menor cuyos padres sean del mismo sexo y estén legalmente casados, extendido así los mismos derechos, obligaciones y privilegios que tienen las parejas casadas del sexo opuesto. Consonó a la fecha, para julio de 2018, el Departamento de Salud, emite la Carta Circular Núm. 3-18, creando las instrucciones para el cambio de género de personas transgénero y transexuales.

 

     Dado el análisis realizado, se ha evidenciado que las políticas LGBTTIQ han sido parte de la agenda en los pasados años. Se reconocen los logros llevados a cabo por el Gobierno de Puerto Rico para garantizar un estado de equidad, que garantice la dignidad de todas/os sus ciudadanas/os. Sin embargo, bajo la data recopilada se puede evidenciar que existió y persiste discrimen institucional hacia la Comunidad.  El concebir que solo existen dos leyes que integran asuntos LGBTTIQ directamente en sus agendas, nos brinda una Comunidad desprovista de la igual protección de ley y derechos humanos básicos. Mientras es preciso señalar que muchas de las órdenes son influenciadas por nuestra relación con los Estados Unidos. La mayoría de nuestras leyes son réplicas estadounidenses o producto de decisiones de la Corte Suprema, denotando una falta de compromiso genuino por el Gobierno de Puerto Rico.

 

     En ningún foro se extienden derechos a personas trans vinculados a sus procesos de salud. Las personas intersexuales quedan invisibilizadas, las nuevas identidades “queers” no son reconocidas y la educación LGBTTIQ aún no está incluida en nuestra educación popular. Todo esto, denota discrimen institucional. Adicional a estos hechos, no se percibe ningún tipo de rendición de cuentas o métodos evaluativos por parte del gobierno que brinde unas referencias reales de cómo se están trabajando los asuntos relacionados a la Comunidad.

 

     Desde este análisis se intenta aportar a una nueva agenda de país, donde se visibilice la lucha que lleva la Comunidad LGBTTIQ. Una lucha de derechos, inclusión a los espacios públicos, aceptación, respeto y tolerancia. Una lucha que lleva años, donde se ha logrado mucho, pero aún falta mucho más por recorrer. Por ende, bajo esta investigación se pretende crear espacios de discusión para afrontar los nuevos retos. Reconociendo que el Gobierno de Puerto Rico discrimina hacia los espacios LGBTTIQ, se pueden objetivar mejor las metas, crear planes que aboguen a la inclusión, políticas públicas que visibilicen derechos y avalar un estado de equidad. El avance está incompleto. Es hora de que se traduzcan esos derechos a nuevas leyes que realmente reconozcan a la Comunidad como personas iguales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias

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Orden Ejecutiva Núm. 2015-021, Para ordenar a todas las instrumentalidades, agencias, departamentos y corporaciones de la Rama Ejecutiva que tomen inmediatamente todas las medidas necesarias para garantizar que los matrimonios entre parejas del mismo sexo reciban un trato igualitario ante la ley y no sean discriminados por su orientacion sexual, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en      Obergefell V. Hodges (26 de junio del 2015).

 

Orden Ejecutiva Núm. 2015-028, Para ordenar a la Secretaria de Salud tomar las medidas necesarias para auditar y fiscalizar el cumplimiento de las Instituciones Médico-Hospitalarias con la legislación vigente de forma tal que dichas instituciones no            discriminen de forma alguna contra un paciente transexual o transgénero que acuda a sus instalaciones para recibir atención en una emergencia médica; y para otros fines. (10 de agosto de 2015).

 

Orden Ejecutiva Núm. 2015-029, Para ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas a permitir y regular el proceso para hacer el cambio de género en las licencias de conducir. (10 de agosto de 2015).

 

Orden Ejecutiva Núm. 2016-041, Para ordenar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que, a través de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional

(PR OSHA), oriente a las agencias y entidades de la Rama Ejecutiva y patronos(as) privados(as) sobre la "Guía para Acceso a Baños para

Empleados Transgénero y Transexuales en Puerto Rico". (27 de octubre de 2016).

 

Orden Ejecutiva Núm. 2017-037, Para crear el Consejo Asesor en Asuntos LGBTT. (5 de julio de 2017).

 

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Artículos

Caleb Esteban, Ph.D.

Editor

Margarita Francia, Ph.D.

Co-Editora

 Comité de la Diversidad de Sexo, Género y Orientación Sexual

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